Un Comisario de Policía destituido y acusado de dar datos de 25.000 personas.

Noviembre 09, 05 by admin

La Brigada de Asuntos Internos de la Policía de Madrid, está realizando una operación contra la Unidad de Documentación (DNI) alertada por una denuncia anónima de una persona que manifestó que se estaba facilitando datos personales de 25.000 personas. Los datos han sido facilitados presuntamente a grandes empresas para uso comercial. Como consecuencia de la operación ha sido destituido de su cargo el responsable de la Unidad de Documentación. Según las averiguaciones es el principal sospechoso debido a que había llevado a cabo reuniones con las grandes empresas para informarse y obtener ayuda acerca de como gestionaban los datos digitales de sus clientes e incorporar esta información al plan sobre el nuevo DNI digital.

La denuncia se produjo hace varios meses y ha sido esta semana cuando los agentes de Asuntos Internos interrumpieron en las oficinas del centro e intervinieron más de 500 hojas con los datos de los titulares de DNI y otros datos privados de 25.000 personas.

El delito presuntamente cometido por los responsables de este acto delictivo es el de malversación, cohecho y prevaricación. Y el principal sospechoso es el responsable de la unidad el comisario S. S. A. dependiente de la Unidad de Extranjería y Documentación.

Este acto delictivo vulnera la Ley de Protección de Datos  que contempla que los datos personales solo pueden ser transferidos a terceros con el consentimiento previo del interesado y con previa información al interesado de la finalidad del fichero, naturaleza de los datos y el nombre y dirección del cesionario.

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  1. inseguro Says:

    Ante la reciente destitución de un comisario de la Policía acusado de dar información de 25.000 DNI a una empresa privada, la Comisión de Libertades e Informática solicita de nuevo su urgente comparecencia en el Senado junto a las autoridades implicadas.
    Según rezaba una noticia aparecida en el día de ayer en el diario El Mundo, el jefe de la Unidad de Documentación de la Policía, máximo responsable de del proyecto de DNI electrónico, fue destituido de inmediato como medida cautelar por, supuestamente, haber vendido los datos de identificación de 25.000 personas a diversas empresas privadas.

    La CLI dice en su comunicado que “… se impone la necesidad urgente de que todo el proceso de migración al nuevo DNI electrónico sea sometido al más riguroso de los controles tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Agencia Española de Protección de Datos, organismo al que prácticamente, y según informábamos en anteriores comunicados, no se le ha dado protagonismo en éste proyecto.”

    Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en el día de ayer otro comunicado en el que se anunciaba que había ordenado el que “se inicien actuaciones” de inspección del caso. En el mismo comunicado la Agencia señalaba que “…iniciará actuaciones de investigación con el fin de esclarecer si ha habido vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos por parte de órganos del Ministerio del Interior y, en su caso, de terceras empresas”.

    A todo ésto se suma el que el pasado día 20 de Octubre, la CLI y el Director de la Agencia Española de Protección de datos habían sido convocados en el Senado a fin de dar su opinión sobre el DNI-e, acto en el cual también intervendrían para dar explicaciones la Presidenta de la Comisión Coordinadora del DNI Electrónico y Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega y el Ministro del Interior D. José Antonio Alonso Suárez; comparecencia que fue aplazada, por motivos injustificados y de cuya fecha aún no han tenido noticias , según la CLI.

    En vista de todo ésto la CLI ha solicitado la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el Senado y ha reiterado de nuevo la necesidad de traslado a debate social de todo el proceso de creación, implantación y migración del DNI actual al nuevo DNI electrónico en el que tendrán que dar parte, dicen, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Industria y el de la Presidencia y la Agencia Española de Protección de Datos.

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